CARLOS ALVARADO

Hay una ficción muy útil para la civilización: la creencia de que los jueces son imparciales, que visten toga en vez de camiseta partidista, y que en su escritorio no hay miedo, sino Constitución. Es una ficción, sí, pero de esas que nos salvan de los caprichos del poder y de la barbarie de los tuits.

Porque cuando el poder político —con su verbo incendiario y sus corcholatas con complejo de emperadores— decide burlarse de los jueces, desobedecer sus sentencias o amenazar su existencia, no solo les pega a unos cuantos funcionarios de traje gris. No. Está dinamitando la última trinchera civilizada entre nosotros y la ley de la selva.

No se trata de defender a los jueces por ser santos (no lo son), ni por ser infalibles (tampoco). Se trata de defender la idea de que alguien distinto al gobierno debe poder decirle al gobierno: “Hasta aquí”.

Eso se llama control constitucional. Y eso, en México, se llama juicio de amparo. Ese invento mexicano que nació para protegernos del abuso —del virrey, del cacique, del general, del presidente eterno— y que hoy está en terapia intensiva, no por viejo, sino por incómodo.

Porque si dejamos de creer que la justicia puede ponerle freno al poder, no es que vivamos sin jueces: es que viviremos con jueces de utilería. Jueces electos por likes, obedientes al aplausómetro, incapaces de molestar al poderoso. Y eso no es justicia, es pantomima con toga.

Sin fe en la justicia, la ley es papel mojado. Y una Constitución que no se cumple es solo un panfleto caro.

Defender la independencia judicial no es defender privilegios: es defender la posibilidad de decirle no al poder sin que te desaparezcan en una carpeta o te entierren en una mañanera.

Al final, lo único peor que un mal juez… es un juez que le debe el cargo al político al que debe juzgar.

Y si usted cree que eso no es grave, tómese un mezcal y revise la historia de Alemania en los años 30. Pero con cuidado, no vaya a encontrarse en el espejo a un votante entusiasta de su propio verdugo.