A fin de armonizar el marco legal estatal con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Zacatecas.

La propuesta plantea la derogación de los delitos de halconeo, ultrajes y calumnia, que son contrarios al derecho a la libertad de expresión.

La reforma responde a una preocupación legítima que es garantizar que el ejercicio del periodismo, la crítica y la participación ciudadana no sean criminalizados.

Conforme a lo señalado por expertos como el jurista Aquiles Flores Sánchez, la libertad de expresión es un derecho fundamental que impide toda forma de censura y es indispensable para una sociedad democrática.

Protege tanto a quien emite una opinión como al conjunto de la sociedad, al permitir el debate público, la fiscalización del poder y el acceso a información libre.

Históricamente, el uso del derecho penal en México ha sido instrumentalizado para castigar expresiones críticas, afectando de forma directa a periodistas y defensores de derechos humanos. En ese contexto, la iniciativa destaca los siguientes puntos:

Halconeo (Art. 141 Ter): La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucionales figuras similares en estados como Chiapas, Michoacán y Guanajuato, al considerar que criminalizan la difusión de información y pueden usarse para censurar.

Ultrajes (Art. 171 y 172): La SCJN ha invalidado normas semejantes por ser vagas y permitir sancionar arbitrariamente la crítica hacia símbolos del Estado, lo que contraviene el principio de mínima intervención del derecho penal.

Calumnia (Art. 274): La Corte ha establecido que el daño al honor debe tratarse por la vía civil. Penalizar expresiones presuntamente falsas inhibe el debate público y vulnera la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de funcionarios públicos.

La iniciativa fue elaborada con el acompañamiento técnico de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y se sustenta en una base jurídica sólida, respaldada por precedentes nacionales e internacionales.

Las leyes deben proteger a la ciudadanía, no silenciarla. Esta reforma es una exigencia de una sociedad que demanda más libertades, más transparencia y más democracia”, se considera desde Movimiento Ciudadano en la Legislatura del Estado.

Así, se asegura, Zacatecas se suma al compromiso global de asegurar un entorno legal que respete la libertad de expresión como pilar del Estado de Derecho y herramienta esencial para construir una ciudadanía activa e informada.