A partir de este 1 de noviembre, México verá un cambio en la estructura legal de las empresas de energía con la entrada en vigor de las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Con el respaldo de la Cámara de Diputados y el Senado, este ajuste redefine la naturaleza de las «empresas productivas del Estado», que ahora serán reconocidas como «empresas públicas», con un enfoque más orientado a la responsabilidad social.

Estas reformas especifican que la industria eléctrica estará principalmente a cargo de una empresa pública, con la posibilidad de que los particulares participen sin tener preferencia sobre esta. Además, se declara que ciertos sectores clave, como el litio y los servicios de Internet, estarán bajo exclusividad estatal, consolidando el control del Estado en áreas estratégicas. El sistema eléctrico nacional se ajustará también para asegurar un suministro accesible y económicamente razonable, reforzando la autosuficiencia energética de la nación.

El proceso de aprobación comenzó en febrero de 2024, impulsado por una iniciativa del Ejecutivo Federal, y concluyó el pasado 30 de octubre con la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación. Este movimiento también incluye que el Congreso tiene un plazo de 180 días para realizar los cambios pertinentes en las leyes secundarias, eliminando disposiciones de la reforma energética de 2013 que sean incompatibles con el nuevo marco legal.

La presidenta Claudia Sheinbaum, al promulgar estas reformas, destaca el objetivo de garantizar la soberanía energética y la seguridad nacional. Con esta transformación, el Estado mexicano refuerza su compromiso en el manejo directo de los recursos estratégicos y en brindar un servicio eléctrico accesible para la población.