A fin de contar con un registro de las cámaras y  de las imágenes que contengan, y que en un momento determinado puedan servir como medio de prueba en un acto delictivo o de prevención, se propuso la Ley de Video Vigilancia para el Estado de Zacatecas.

La iniciativa fue propuesta por la diputada Lorena Esperanza Oropeza Muñoz, coordinadora del grupo parlamentario del PAN, en ésta se define a un sistema de Video Vigilancia como “una herramienta tecnológica que, a través de cámaras de video localizadas estratégicamente e interconectadas entre sí, permiten apoyar la operación y despliegue policial, la atención de emergencias, la prevención del delito y la procuración de justicia”.

En Zacatecas, agregó, la instalación y operación de cámaras y sistemas de video vigilancia se incrementó considerablemente en los últimos años en lo público y privado, como medida de protección y prevención ante los elevados índices de inseguridad.

Se constituye como una herramienta valiosa para la asistencia de los cuerpos de seguridad, su alcance y eficiencia dependen de una apropiada selección de la tecnología, y la adecuada implementación de los sistemas de video vigilancia mejora la seguridad de la ciudadanía.

Se propone el monitoreo monitoreo de ambientes abiertos y cerrados, como calles y avenidas, bancos, supermercados, áreas de estacionamiento, edificios, entre otros, y eso permitirá la capacidad de reacción de las fuerzas del orden en casos que amenazan la integridad de las personas, como accidentes, incendios u otro tipo de eventualidades.

En el Estado a partir del año 2013 se creó el centro de control, comando, comunicaciones y computo C4, para prever  y atender los reportes de siniestros accidentes y robos ilícitos, con la instalación de un sistema de cámaras de vigilancia en la zona metropolitana.

En eso invirtieron 32 millones 788 mil 690 pesos, aunado a eso, existen cámaras de seguridad de particulares en diversas zonas ubicadas en edificios públicos, comercios, empresas, zonas residenciales, por citar algunos; éstos sistemas son operados por organismos de gobierno y por empresas privadas, que operan cámaras de video vigilancia.

Se plantea la necesidad de tener un ordenamiento jurídico local que establezca las directrices normativas de regulación para los sistemas de video vigilancia, para evitar que las cámaras públicas y privadas utilizadas para inhibir la comisión de delitos, se conviertan en un factor de riesgo, si se emplean a favor del crimen organizado, si éste se infiltra en dicho sistema o en su caso si la delincuencia opera un sistema propio para delinquir.

La vigilancia tecnológica forma parte de nuestra vida cotidiano, como instrumento para incrementar la seguridad de la población, por lo que se debe normar el uso correcto, sancionar el uso indebido y desvío de la información que generan estos dispositivos.

Por lo anterior, es que los avances y sistemas tecnológicos aplicados a fortalecer la seguridad requieren normas que regulen su funcionalidad y sancionen su uso indebido.

Esta ley garantiza confidencialidad, integridad, seguridad y funcionalidad de la información generada por los equipos y sistemas de video vigilancia, así como la protección de los datos de los ciudadanos que pudieran considerarse afectados.

La ley propuesta pretende ser un instrumento y herramienta indispensable para mejorar las condiciones de seguridad en el Estado, esta normatividad regulará el uso de video cámaras instaladas en los lugares públicos abiertos o cerrados que capten imágenes y sonidos, sin vulnerar derechos fundamentales como la privacidad y el honor, y garantizar el uso de esos instrumentos para inhibir acciones ilícitas en territorio del Estado.