LIC.  JOSE LUIS SERRANO DELGADO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE DURANGO

CAMPUS ZACATECAS

MAESTRÍA EN JUICIOS

En el Estado de Zacatecas en el sistema tradicional penal en el que trabajamos los Defensores Públicos, hay una desigualdad en la cuestión que dentro del proceso penal, pues no contamos con los mismos medios o recursos económicos para desempeñar una  defensa adecuada, ya que ante la figura del Agente del Ministerio Público quien tiene a su entera disposición la Dirección de Servicios Periciales, institución que la Defensoría Pública no cuenta, por lo que con este motivo se está violando flagrantemente el Principio Constitucional de Igualdad y de una Defensa Adecuada, que debe de prevalecer entre las partes, por lo tanto se  traduce en una desigualdad entre las partes, simplemente por señalar un ejemplo para el caso en que se tenga que proponer un perito, que pasa con el presunto indiciado si no tiene o cuenta con los recursos suficientes para sufragar el pago de honorarios, por lo que se viola  lo consagrado en el Artículo 20 Constitucional inciso a)  Fracción V, mismo que a la letra reza Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, Contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A. De los principios generales:

V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente. Por lo que no estamos en posibilidad de ataque y defensa que debe de prevalecer dentro del proceso penal, ya que hay un desequilibrio en cuanto al ofrecimiento y por ende el desahogo de  las pruebas, ya que este principio constitucional, es de vital importancia para la defensa, ya que las partes deben de estar parejos en relación a los recursos humanos, logísticos y económicos, para que dentro del proceso se refleje tal situación, para estar en igualdad de condiciones, ojala y  se modifique el entorno en el que vivimos los defensores de oficio para que este principio constitucional, pase de la letra a aplicarlo en nuestro entorno social y a favor de nuestros defensos para vivir en real estado de derecho que mucha falta nos hace, ya que son cada día más las personas que requieren el apoyo debido a que en un país con graves diferencias sociales el estado tiene la obligación de darles a estos las herramientas o instrumentos para que no queden en una indefensión jurídica y todo esto nos lleva a señalar que   el trabajo es mucho y la remuneración económica es baja y todo esto se agrava con la carencia de mobiliarios por lo que se requiere del reconocimiento oficial por las actividades que se desempeñan, por lo que a modo de reflexión me pregunto realmente estamos en igualdad de condiciones las partes que intervenimos en el proceso penal.